Con demandas y bloqueo a la aplicación el gobierno de Colombia busca frenar a Uber

Con demandas y bloqueo a la aplicación el gobierno de Colombia busca frenar a Uber
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Los funcionarios del gobierno de Colombia se están jugando todas las cartas para frenar a Uber en el país. Recientemente, la directora Nacional de Transporte y tránsito, Aida Lucy Ospina, confirmó a la emisora Caracol Radio que comenzó un proceso jurídico que busca autorizar al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para bloquear la aplicación de Uber.

La funcionaria aclaró una vez más que Uber es un servicio ilegal porque no se ajusta al marco regulatorio. Cabe resaltar que no se tiene conocimiento de cuánto durará este proceso legal, pero un juez de la República debe dar la orden para que el Ministerio de las tecnologías pueda bloquear esta plataforma. En Bogotá los taxistas buscan que los usuarios sean multados por usar Uber.

Según los taxistas agremiados en Sinaltax, las autoridades de tránsito sí tienen derecho a multar con sanciones económicas y pedagógicas a los usuarios de esta plataforma. Mediante un derecho de petición enviado al Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se busca que se sigan los pasos de ciudades como Santa Marta y Barranquilla, donde dicen las autoridades que ya se han multado a los usuarios.

Mientras que la directora Ospina revisa las acciones legales para frenar esta plataforma, el ministro de las TIC, David Luna, afirmó a la prensa que Colombia se rige por la neutralidad de la red y que al bloquear Uber se está actuando en contra de la democracia. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que el último recurso que está usando el gobierno es llenar los estrados judiciales con demandas hacia Uber.

Con un gran número de demandas se lograría que un juez emita la orden para la bloquear la plataforma. Si esto se cumple, Aida Lucy Ospina sería una de las responsables de violar el derecho de la neutralidad en la red por el que se rige nuestro país. Por el momento, no existe un plan para regular Uber en Colombia, por lo que la rama judicial tendrá que tomar cartas en este asunto.

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