Durante años, los drones se han convertido en herramientas versátiles para la fotografía, la agricultura, el monitoreo ambiental e incluso las entrega de paquetes en zonas urbanas. Sin embargo, en Colombia, estos dispositivos han adquirido un nuevo y preocupante rol: el de instrumentos de guerra en manos de grupos armados ilegales.
Solo en lo que va de 2025, se han reportado más de 160 ataques con drones contra la Fuerza Pública, con un saldo de al menos 8 muertos y 77 heridos. Se trata de un incremento del 138 por ciento respecto al año anterior que ha encendido todas las alarmas.
En respuesta, el Gobierno Nacional radicó un proyecto de ley ante el Congreso que busca establecer un marco normativo riguroso y detallado sobre el uso, registro y control de los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) y sus contramedidas (C-UAS), es decir, los drones y los sistemas antidrones.
La propuesta plantea que todos los drones deberán registrarse como si fueran armas, y quienes los utilicen sin autorización podrían enfrentar duras sanciones, incluyendo penas por terrorismo.
Una respuesta a un vacío legal
La iniciativa, liderada por los ministerios de Defensa, TIC y Transporte, parte del reconocimiento de un vacío legal frente al creciente uso de drones con fines delictivos. Aunque en Colombia ya existe una regulación operativa desde la Aeronáutica Civil, esta no contempla aspectos clave como la trazabilidad del aparato, las contramedidas electrónicas, ni las consecuencias penales por su uso malicioso.
El nuevo proyecto busca llenar ese vacío. Entre sus propuestas principales está la creación de un Registro Único Nacional de Aeronaves No Tripuladas (RUAS) y otro para sistemas antidrones (RC-UAS), que será obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que importen, fabriquen, comercialicen o utilicen drones en el país.
Con ello, se espera tener una trazabilidad clara de cada dron que vuele en el territorio colombiano.
Un riesgo creciente para la seguridad nacional
La preocupación no es solo técnica o legal. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los grupos armados han adaptado drones comerciales para transportar explosivos y atacar bases militares o instalaciones estratégicas.
El uso de estas tecnologías no solo ha afectado a miembros de la fuerza pública, sino también a la población civil, especialmente en zonas rurales de departamentos como Cauca, Nariño o Norte de Santander.
Esta realidad ha llevado al Gobierno a plantear que quienes utilicen drones para perpetrar ataques podrían ser juzgados por delitos como terrorismo, con penas de hasta siete años de cárcel, además de multas de hasta 45.000 salarios mínimos si la acción resulta en daño a la vida humana.
¿Quién será responsable de regular los drones?
El proyecto de ley establece una coordinación interinstitucional para el control integral del uso de drones. La DIAN será la entidad responsable de vigilar la importación. La Aeronáutica Civil, por su parte, regulará los aspectos técnicos de fabricación y operación segura.
El Ministerio TIC se encargará del control del espectro radioeléctrico, un elemento crítico para prevenir interferencias en redes de telecomunicaciones, y trabajará de la mano con el Ministerio de Defensa para reglamentar el uso de sistemas antidrones, especialmente en zonas sensibles como aeropuertos, bases militares o centros de datos.
Un elemento clave de la propuesta es que se otorgará a la Fuerza Pública la facultad legal de inhabilitar o destruir cualquier dron que opere en zonas restringidas sin autorización, así como establecer controles sobre su uso por parte de menores de edad o personas en estado de embriaguez.
Regulación, seguros y responsabilidad civil
El texto del proyecto contempla también que quienes operen drones deban contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuyo monto dependerá del tipo de operación y su riesgo.
Además, se prohíbe terminantemente el uso de drones modificados para transportar cargas peligrosas, operar en zonas restringidas o invadir la privacidad de otras personas.
Las operaciones con drones deberán realizarse exclusivamente en zonas habilitadas por el Visor Geográfico de Aeronáutica Civil, y todo uso con fines comerciales o especializados requerirá licencias y permisos específicos. Se busca así evitar que estos aparatos sean utilizados en manifestaciones, eventos masivos o espacios públicos sin los debidos controles.
¿Qué regula hoy el uso de drones en Colombia?
Actualmente, Colombia sí cuenta con una normativa sobre el uso de drones, establecida por la Aeronáutica Civil mediante la Circular Reglamentaria 002 de 2015, actualizada en 2023. Esta clasificación agrupa los drones según su peso (desde menos de 250 gramos hasta más de 25 kg) y exige registro obligatorio para aquellos que superen los 250 gramos.
El uso de drones está restringido en zonas cercanas a aeropuertos, bases militares o donde se encuentre el Presidente de la República, y se exige que siempre estén a la vista del operador. Además, para operar drones con fines comerciales o profesionales, es necesario contar con un permiso y con un seguro que cubra posibles daños a terceros.
No obstante, esta regulación ha demostrado ser insuficiente frente a los desafíos actuales, especialmente en contextos de conflicto armado, crimen organizado y amenazas a la seguridad nacional.
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