El borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) que propone elevar del 35 por ciento al 40 por ciento el arancel a los vehículos de combustión (gasolina y diésel) importados desde países sin tratados de libre comercio (TLC) con Colombia, ha encendido un agudo debate debido al impacto que podría tener en el mercado automotor.
La iniciativa, que hace parte de la estrategia de “reindustrialización verde”, busca desincentivar la entrada de autos más contaminantes y fortalecer el ensamblaje y la producción local de tecnologías limpias.
Sin embargo, el ajuste ha generado preocupación entre los gremios automotrices y distribuidores, que advierten sobre un posible incremento de precios y un impacto directo en el consumidor final, así como una industria que apenas se está recuperando de la pandemia.
Un decreto que divide opiniones
De acuerdo con el documento en consulta, el objetivo del Gobierno es alinear las políticas de movilidad sostenible con la transición energética, aumentando los aranceles a los vehículos a combustión e incentivando la importación y producción de híbridos y eléctricos.
El MinCIT argumenta que la medida busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que hoy representan más del 95 por ciento de la demanda energética nacional.
No obstante, el sector automotor ha manifestado que el impacto económico podría ser mayor que los beneficios ambientales esperados, al encarecer los vehículos nuevos y limitar la oferta.
La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) y la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) coinciden en que la decisión podría desacelerar la renovación del parque automotor y afectar miles de empleos formales vinculados al sector.
Las marcas que podrían verse afectadas
El aumento del arancel aplicaría exclusivamente a los vehículos provenientes de países sin TLC con Colombia.
En la práctica, esto afectaría directamente a marcas con origen o producción principal en Japón, China, India, Tailandia, Taiwán y Malasia, mientras que aquellas que importan desde México, Estados Unidos, Corea del Sur o Brasil mantendrían sus beneficios arancelarios preferenciales.
Esto significa que marcas como Toyota, Nissan, Mazda o Suzuki, cuyos modelos más populares provienen en buena parte de plantas ubicadas en Japón, podrían enfrentar aumentos en los costos de importación.
Algo similar ocurriría con marcas chinas que han ganado terreno en el mercado colombiano, como Changan, Chery, BYD o Great Wall, así como con algunos vehículos de origen indio como Mahindra o Tata.
Por el contrario, Kia y Hyundai (Corea del Sur), Chevrolet (Estados Unidos y México), Ford (EE. UU. y México) y Volkswagen (México y Brasil) no verían afectaciones, al provenir de países con acuerdos comerciales vigentes.
En el caso de Renault, la mayoría de sus modelos vendidos en Colombia son ensamblados localmente en Envigado o importados desde México, por lo que tampoco se verían impactados por el aumento del gravamen.
El posible golpe al bolsillo
Según estimaciones de Fenalco, el incremento del arancel podría traducirse en un aumento de entre 1,3 y 4 millones de pesos en el precio final de los automóviles más vendidos.
Modelos como el Kia Picanto, Mazda CX-30 o Toyota Hilux experimentarían incrementos sensibles, que afectarían tanto a los compradores particulares como a los sectores productivos que utilizan estos vehículos para transporte o trabajo.
El vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, Eduardo Visbal, explicó que los precios actuales ya incluyen un arancel del 35 por ciento y el IVA. Por ello, un aumento al 40 por ciento repercutiría directamente en el costo para el consumidor final, en un momento en que el mercado apenas se recupera tras varios años de caída en las ventas.
Reacciones del sector automotor
Desde Andemos, su presidente ejecutivo Andrés Chaves señaló que el decreto “castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio”.
A su juicio, la medida carece de justificación técnica y económica, y podría terminar afectando la libre competencia al encarecer los automóviles nuevos y limitar la oferta disponible en el país.
Por su parte, Asopartes advirtió que el aumento del gravamen no solo impactaría la compra de vehículos, sino también los costos de repuestos y mantenimiento, presionando la operación de talleres, distribuidores y comercios.
El gremio recordó que el sector genera más de 70.000 empleos directos y representa cerca del 2,5 por ciento del PIB industrial colombiano.
Las asociaciones han propuesto abrir un diálogo técnico con los ministerios de Comercio, Hacienda y Transporte, con el fin de explorar alternativas que impulsen la movilidad sostenible sin afectar la competitividad ni el acceso a vehículos más seguros y eficientes.
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