El sistema de pagos inmediatos Bre-B, lanzado hace menos de un mes en Colombia como la gran apuesta del Banco de la República para reducir el uso del efectivo y promover la inclusión financiera, enfrenta su primer gran desafío, que en esta ocasión viene desde el mismo Gobierno Nacional.
El motivo: un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone aplicar retención en la fuente del 1,5 por ciento a los pagos realizados a través de Bre-B, Nequi, Daviplata y otras billeteras digitales, con el fin de equiparar el tratamiento tributario frente a las transacciones hechas con tarjetas débito y crédito.
El anuncio desató una ola de críticas desde múltiples sectores económicos, tecnológicos y sociales, que advierten que la medida podría frenar la masificación de los pagos digitales y básicamente matar la implementación de un sistema que apenas comienzan a consolidarse en el país.
Ante el creciente debate, el Gobierno Petro publicó siete aclaraciones oficiales para intentar bajar la tensión, pero esta no cede y la expectativa crece porque se espera que en las próximas horas el Ministerio de Hacienda firme el proyecto de decreto.
Gobierno dice que no es un nuevo impuesto
Según el Ministerio de Hacienda, el decreto no crea un nuevo gravamen, sino que busca igualar la retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los realizados con tarjetas.
Actualmente, las compras hechas con datáfono aplican una retención del 1,5 por ciento, mientras que las transferencias digitales no la contemplan.
La cartera explicó que la medida busca “corregir un tratamiento dispar”, pero que la retención solo aplicaría cuando haya una operación comercial, es decir, cuando el pago corresponda a la compra de un bien o servicio. Si una persona transfiere dinero a un familiar o amigo a través de una billetera digital, no se verá afectada.
DIAN: “No afecta a personas sino a comercios”
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) también intervino en el debate. Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la entidad, aseguró que la medida no está dirigida a los usuarios comunes, sino a los comercios que reciben pagos digitales.
“La retención en la fuente afecta a quienes prestan servicios o venden bienes. No serán las personas que están efectuando los pagos las que se verán afectadas”, precisó el funcionario.
En otras palabras, según la entidad, si un ciudadano paga en una panadería, peluquería o tienda de barrio a través de Bre-B o Nequi, el comerciante sería quien asumiría la retención, no el cliente.
Las siete aclaraciones oficiales del Gobierno
El Ministerio de Hacienda publicó una lista de precisiones para explicar el alcance del proyecto:
- El decreto se encuentra en proceso de consulta pública y aún no ha sido firmado.
- No se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste al régimen de retención existente.
- No se aplicará a transacciones personales ni a transferencias que no constituyan ingresos.
- Las personas naturales no responsables de IVA no serán objeto de retención.
- Los contribuyentes del régimen simple también están exentos, según el artículo 911 del Estatuto Tributario.
- El Gobierno autorizó a la DIAN a compartir información del RUT con los agentes de retención para evitar cobros indebidos.
- El propósito del ajuste es alinear el tratamiento tributario entre los diferentes medios de pago, no recaudar nuevos recursos.
Un rechazo casi unánime
A pesar de las aclaraciones, el rechazo ha sido casi generalizado. Asobancaria advirtió que aplicar retención a los pagos digitales “podría frenar la masificación de medios de pago electrónicos, afectar el desarrollo de Bre-B y generar un retroceso en inclusión y formalización económica”.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, sostuvo que gravar las transacciones del sistema Bre-B “va en contra de su esencia”, pues este fue diseñado bajo tres principios: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. “Si alguno se rompe, el sistema pierde sentido”, enfatizó.
El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, fue más directo: “El efecto sería un desistimiento de los comercios por adoptar un sistema de pagos que busca formalizarlos”.
Una golpe a la digitalización financiera
Expertos tributarios y economistas coinciden en que el decreto podría generar un efecto contrario al que el Gobierno busca. En lugar de incentivar la adopción de pagos digitales, podría hacer que los comerciantes regresen al efectivo para evitar los descuentos.
El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño ilustró el impacto con un ejemplo sencillo: si un cliente paga 10.000 pesos por un producto a través de una billetera digital, el comerciante recibiría 9.850 pesos después de la retención. “El tendero va a decir: ‘yo necesitaba los 10.000’ y dejará de aceptar transferencias”, explicó.
El resultado, según los expertos, sería un golpe directo a Bre-B, la plataforma que el Banco de la República diseñó precisamente para reducir el uso del efectivo, mejorar la trazabilidad de los pagos y abrir la puerta a una mayor inclusión financiera.
Bre-B: una herramienta que apenas despega
Bre-B nació como la infraestructura de pagos interoperable de Colombia. Permite transferencias inmediatas entre más de 200 entidades como bancos, cooperativas y fintech, sin costo para el usuario final.
En pocas semanas, más de 32 millones de colombianos ya se registraron en el sistema, que suma más de 88 millones de “llaves” activas.
Para muchos analistas, intentar gravar los pagos digitales cuando la herramienta apenas está ganando tracción es un error de sincronización. La medida podría frenar el crecimiento del sistema justo cuando comienza a consolidarse.
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