El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) radicó ante el Congreso el proyecto de ley ‘Internet Solidario’, una iniciativa que busca transformar el acceso a la conectividad en Colombia y convertir el Internet fijo en un servicio público domiciliario.
La propuesta plantea un cambio estructural: los hogares de estratos 5 y 6, así como las grandes empresas, deberán pagar un recargo del 30 por ciento adicional en su factura de Internet fijo, con el fin de subsidiar tarifas especiales dirigidas a los sectores más vulnerables.
El ministro TIC, Julián Molina, fue claro en advertir que el acceso a este servicio ya no puede considerarse un lujo, sino una condición para la inclusión social, la educación, la productividad y la participación ciudadana.
No obstante, el desafío ahora está en el Congreso, que deberá debatir una propuesta que divide opiniones: mientras que para unos representa un avance en equidad y justicia digital, para otros supone una carga adicional que podría desincentivar inversión privada en un sector clave para la competitividad del país.
El origen del problema: todos pagan lo mismo
En la actualidad, los operadores de Internet ofrecen tarifas similares para todos los estratos. Esto genera una paradoja: mientras que para un hogar de altos ingresos el costo del servicio equivale a apenas el 0,5 por ciento de sus ingresos, para un hogar vulnerable puede representar hasta el 30 por ciento de lo que gana la familia en un mes.
A ojos del gobierno, esto convierte al Internet en un bien de lujo para quienes más lo necesitan, limitando oportunidades educativas, laborales y de acceso a servicios básicos de salud o trámites en línea.
El proyecto busca corregir esa inequidad mediante un modelo solidario, en el que quienes más tienen aporten más, y con ello se financie un acceso digno y sostenible para quienes menos pueden pagar.
Recordemos que según MinTIC, en Colombia la “pobreza de Internet” alcanza al 22 por ciento de los hogares, la apuesta se presenta como un paso hacia el cierre de la brecha digital. No obstante también afecta a otro sector de la población colombiana.
Cómo funcionará la tarifa solidaria
La propuesta establece que los nuevos usuarios de estrato 1, que son aquellos hogares registrados en el Sisbén A, con acceso a energía y estudiantes activos, tendrán derecho a una tarifa especial cercana a los 35.000 mensuales.
Esta cifra estará definida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el MinTIC, bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.
Además, esos mismos hogares podrían recibir un subsidio de hasta el 55 por ciento de su factura, garantizando que el costo no sea una barrera insalvable. En paralelo, los operadores estarán obligados a diseñar planes de bajo costo que aseguren lo que el Gobierno denomina el “mínimo vital digital”, con el propósito de que ningún hogar vulnerable quede por fuera de la conectividad.
Quién paga el recargo
El financiamiento del esquema provendrá de un recargo del 30 por ciento sobre la factura de Internet fijo que deberán cubrir los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, así como las empresas industriales y comerciales que no sean micro ni pequeñas.
La lógica detrás de este diseño es la redistribución: que quienes tienen mayor capacidad de pago subsidien el acceso de quienes hoy destinan una parte desproporcionada de sus ingresos para conectarse.
Este componente es también el que despierta mayor debate, pues aunque el Gobierno asegura que no desincentivará la inversión ni la creación de empresas, algunos sectores ya anticipan cuestionamientos sobre el impacto en la competitividad y los costos operativos de la economía digital.
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