Después de haber pasado por el Congreso, la ley conocida como “Dejen de fregar” fue firmada y sancionada por el presidente Gustavo Petro. La nueva ley tiene como objetivo proteger a los consumidores de llamadas molestas con respecto a cobros u ofertas en horarios inoportunos, como fines de semana, días festivos y en la noche.
Según Juan Carlos Willis, representante que presentó el proyecto, la nueva ley tiene como objetivo regular y prohibir a las entidades comerciales y financieras para que ‘dejen de molestar a los colombianos en horarios no hábiles’.
Horarios de la ley ‘Dejen de fregar’
En primer lugar, la ley contempla que los gestores de cobranza tienen la tarea de preguntar a los usuarios por qué medios quieren ser contactados. Las empresas solamente podrán comunicarse con las personas mediante esos canales autorizados y en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Sábado: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Adicional al horario, las entidades sólo podrán realizar llamadas dos veces en la misma semana y una vez al día. La ley también prohíbe las visitas al domicilio o lugar de trabajo por fuera del horario establecido.
Quienes contacten a los usuarios por fuera de los horarios establecidos por la ley se verán expuestos a sanciones por parte de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Industria y Comercio, dependiendo del caso.
Registro de número excluidos
Adicional a la reglamentación de los horarios, la ley ordena al Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) implementar un registro de número excluidos para los usuarios.
Los usuarios que se inscriban a este registro no recibirán llamadas, mensajes, correos o cualquier otro tipo de contacto comercial o publicitario.
“Dejen de fregar” busca proteger no solamente la intimidad de los colombianos, sino también la tranquilidad en horarios que deberían estar dedicados a la familia y el descanso.
Las empresas que estén cobijadas por la nueva ley tendrán un tiempo de tres meses para adoptar la nueva regulación.
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