En verano de 2015, la justicia holandesa ordenó al Gobierno reducir en un 25% las emisiones de gases efectos invernadero antes de 2020. Se trataba de una victoria sin precedentes de una pequeña organización ecologista, Urgenda, que había decidido sentar al Estado neerlandés en el banquillo para obligarlo a "proteger la salud de los ciudadanos" y "su derecho a la vida".
En esencia, y frente a las polémicas medidas del gobierno, Urgenda sostenía que los compromisos internacionales medioambientales forman parte de los compromisos internacionales de derechos humanos. Eso quería decir que, contra la opinión del Gobierno, la protección del medio ambiente no un asunto susceptible de debate político, es una obligación ya contraída con la suscripción de la legislación europea sobre derechos humanos.
Los argumentos del Gobierno perdieron la batalla jurídica en 2015, perdieron en 2018 y acaban de perder frente al Tribunal Supremo hoy. De esta forma, para finales de 2020, el Estado está obligado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% tomando como referencia las emisiones de 1990.
Un precedente histórico
Con esta sentencia firme, el alto Tribunal de los Países Bajos se alienaba con la fiscalía y la abogacía general en la idea de que el juez puede determinar hasta qué punto se extienden las obligaciones de derechos humanos del Estado. "Con el tratado de derechos humanos en la mano, el Tribunal ha podido juzgar que el Estado está obligado a lograr esa reducción del 25 por ciento", explicó el presidente de la Corte Suprema, Kees Streefkerk.
"Ese deber se fundamenta en el riesgo de un cambio climático peligroso que pueda afectar seriamente a los residentes de los Países Bajos en su derecho a la vida y al bienestar", continuaba. Es decir, los jueces neerlandeses acaban de abrir una puerta a una vía jurídica que puede tener un gran recorrido en toda Europa y otras partes del mundo.
Al fin y al cabo, es la primera vez en el mundo que una demanda ciudadana ha conseguido el reconocimiento legal de la obligación estatal de prevenir el cambio climático. Y lo hace con un argumento jurídico que puede trasladarse con relativa facilidad al resto de la Unión Europea. De hecho, el mismo tribunal ha subrayado que “cada país es responsable de la parte que le corresponde en la lucha contra el cambio del clima” y no hay tiempo que perder.