A principios de 2025, Stefanie Anderson, una veterana trabajadora de salud pública en Estados Unidos, se encontró frente a un dilema que siempre considero impensable y fue si debía sacar a sus hijos del colegio y abandonar su hogar por cuestiones de seguridad.
Pero la razón no fue un desastre natural ni una amenaza sanitaria, sino una campaña de persecución en línea que resultó con su nombre, fotografía, historial laboral y salario habían publicados en una “lista de vigilancia” que la señalaba como promotora de políticas "radicales" de diversidad, equidad e inclusión.
El sitio que la expuso pertenece a la American Accountability Foundation (AAF), una organización vinculada al entorno del presidente Donald Trump que ha iniciado una ofensiva sistemática para señalar y presionar a empleados públicos que considera ideológicamente adversos.
Lejos de ser un caso aislado, el de Anderson refleja una estrategia cada vez más estructurada y digitalizada para reconfigurar el aparato estatal bajo una lógica de lealtad política. Y en el centro de esta cruzada está la AAF, una fundación que, desde su creación tras la derrota electoral de Trump en 2020, ha evolucionado en una poderosa máquina de recopilación, exposición y presión política en la era de la posverdad.
¿Qué es la AAF?
Esta organización se define como un grupo de investigación política. En la práctica, actúa como un brazo de ataque ideológico con conexiones profundas con figuras clave del trumpismo. Su presidente, Tom Jones, formó parte del Congreso junto a figuras como Stephen Miller y Russell Vought, ambos asesores de Trump.
Inicialmente centrada en oponerse a las nominaciones de Biden, la organización ha ampliado su foco hasta incluir a empleados federales de carrera, incluso aquellos sin ningún tipo de exposición pública, que considera “subversivos”.
Y con el respaldo financiero de entidades conservadoras como la Fundación Heritage y el Conservative Partnership Institute, la AAF ha consolidado su papel en la red que impulsa el “Proyecto 2025”: un plan para reducir drásticamente la burocracia federal, eliminar políticas de diversidad e inclusión y garantizar que el funcionariado comulgue con la agenda "América Primero".
Tecnología al servicio de la purga
La herramienta más visible y temida de la AAF son sus “listas de vigilancia”, plataformas digitales que recopilan información pública y semipública sobre empleados federales.
Las páginas incluyen nombres, fotografías, antecedentes laborales y acusaciones que, aunque formuladas sin pruebas judiciales, son presentadas como hechos.
En algunos casos, estas listas han servido como punto de partida para despidos, reasignaciones o licencias administrativas. En otros, el impacto ha sido psicológico: miedo, ansiedad, aislamiento y un éxodo silencioso de servidores públicos que prefieren renunciar a seguir bajo amenaza.
Más de 100 personas han abandonado sus puestos desde el lanzamiento de estas listas. Varias han huido del país. La mayoría son mujeres, personas racializadas o profesionales con décadas de servicio.
Aunque las listas no incluyen domicilios ni teléfonos, evitando técnicamente cruzar la línea del "doxing" ilegal, sí generan un entorno de hostigamiento que se amplifica en redes sociales. En un ejemplo particularmente inquietante, una de las cuentas de la AAF publicó una foto de balas tras lanzar su primera lista.
Las víctimas: funcionarios con décadas de servicio
Entre las personas señaladas se encuentra Noelle Sharp, exjueza de inmigración, despedida tras ser incluida en la “Lista de Vigilancia del DHS”. A la par de la publicación, enfrentó ataques en redes, comentarios que pedían su ejecución por traición y un intento de intimidación en su propia casa. Desde entonces, vive en México.
También figura Patricia Kramer, exmilitar y funcionaria de los Institutos Nacionales de Salud, quien describió que su inclusión en la lista le generó una ansiedad comparable a la que vivió en Irak. Fue despedida en julio, tras meses de intentar sin éxito que se eliminara su foto del sitio web.
Las historias se multiplican. Empleados que eliminaron sus perfiles en redes sociales, instalaron cámaras de seguridad, borraron sus nombres de directorios públicos, e incluso tomaron medicamentos para la ansiedad. El patrón se repite: funcionarios comprometidos con el servicio público, ahora convertidos en objetivos de una maquinaria digital que los retrata como enemigos del Estado.
¿Qué impulsa esta campaña?
La lógica detrás de las listas es clara: convertir el aparato burocrático en un reflejo ideológico del ejecutivo. A través de la exposición selectiva y el hostigamiento indirecto, se pretende desalentar la disidencia interna y reconfigurar la estructura gubernamental con figuras leales al trumpismo.
Para Jones, presidente de la AAF, los empleados públicos deben ser identificados si no ejecutan la agenda por la que, según él, votó la mayoría.
La paradoja es evidente: mientras la AAF denuncia una supuesta infiltración ideológica en la burocracia, apoya la flexibilización de leyes como la Ley Hatch, que prohíbe el activismo político dentro del gobierno. Esto permite, por ejemplo, que empleados exhiban eslóganes de campaña pro-Trump en su lugar de trabajo, sin que eso se considere una violación a la neutralidad del servicio civil.
El impacto: una cultura de miedo
Expertos en derecho y privacidad digital advierten sobre el carácter intimidante de estas listas. Aunque diseñadas para eludir consecuencias legales, su efecto es claro: disuadir a empleados públicos de participar en programas de diversidad, salud pública o derechos migratorios.
Danielle Citron, especialista en privacidad digital, ha señalado que estas acciones son “diseñadas para silenciar e inspirar daño”.
El resultado es una erosión progresiva del servicio público como espacio neutral. Al colocar bajo sospecha a profesionales por sus antecedentes laborales o creencias políticas reales o supuestas, se rompe la promesa de un Estado que sirva a todos, sin importar quién ocupe la presidencia.
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