La confrontación entre el sistema universitario estadounidense y la administración Trump escaló a un nuevo nivel después de que más de 170 líderes de universidades, colegios y sociedades académicas, entre ellas Harvard, Princeton, Brown y la Universidad de Hawái, se unieron para responderle a la Casa Blanca.
Y lo hicieron publicando una declaración conjunta en la que expresan su oposición a lo que denominan una “interferencia política sin precedentes” por parte del Gobierno federal en las políticas de educación superior.
El pronunciamiento colectivo surge días después de que Harvard demandó al ejecutivo de EEUU por congelar más de 2.300 millones de dólares en fondos federales, que castigó a la institución por rechazar los polémicos cambios en su gobernanza interna ordenados por Trump, como es el caso de sus procesos de contratación docente y plan de estudios.
Demanda de Harvard: epicentro del conflicto

La Universidad de Harvard presentó una demanda en un tribunal federal de Boston. En ella, acusa al Gobierno de violar protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y la autonomía académica.
La institución argumenta que las sanciones financieras y regulatorias impuestas por la administración Trump responden a motivaciones ideológicas, particularmente por su negativa a implementar cambios exigidos en temas de diversidad, inclusión, contrataciones y admisiones.
Entre las medidas impuestas por el Gobierno se encuentran suspensión de fondos federales para investigación científica y médica, amenaza de retirar su estatus de exención de impuestos, restricciones a la admisión de estudiantes internacionales, revisión obligatoria de programas de diversidad y equidad, así como imposición de reformas en contratación docente y contenido curricular.
Harvard sostiene que no existe una justificación legal ni un vínculo racional entre las preocupaciones gubernamentales y los fondos congelados.
“El Gobierno no ha demostrado cómo la lucha contra el antisemitismo se relaciona con investigaciones científicas que buscan salvar vidas o mantener el liderazgo global de Estados Unidos en innovación”, señaló la demanda.
Reacción del sistema universitario

La respuesta institucional no se limitó a los tribunales y más de 170 líderes académicos firmaron una carta publicada por la American Association of Colleges and Universities.
El documento se rechazó el uso coercitivo de los fondos públicos como herramienta de presión sobre las universidades y defiende el principio de libertad académica como base del sistema educativo estadounidense.
“Estamos abiertos a reformas constructivas, pero debemos oponernos a cualquier intromisión gubernamental injustificada en la vida de quienes aprenden, enseñan y trabajan en nuestros campus”, expresó la carta.
El texto también destacó el papel de las universidades como motores de innovación, empleadores clave en sus regiones y pilares de una ciudadanía educada necesaria para sostener la democracia.
Un conflicto con implicaciones

El alcance del congelamiento de fondos supera las fronteras académicas. Según Harvard, las medidas afectan directamente investigaciones financiadas por agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que representan casi 500 millones de dólares en fondos para la universidad en 2024.
La interrupción de estos recursos compromete avances en áreas como la medicina, la ingeniería, la inteligencia artificial y la ciencia de datos.
La universidad también advirtió que la presión financiera podría obligarla a reducir la admisión de estudiantes de posgrado y despedir personal de investigación, tendría efectos directos sobre el ecosistema tecnológico y científico a nivel nacional.
“El Gobierno está frenando la investigación y las víctimas serán los pacientes del futuro”, declaró el presidente de Harvard, Alan Garber.
Además, los recortes podrían afectar a startups tecnológicas nacidas en entornos universitarios, programas de transferencia de conocimiento, así como el acceso a herramientas de datos abiertos y plataformas de análisis de alto rendimiento utilizadas en laboratorios afiliados.
Futuro incierto para la autonomía

La disputa entre Harvard y el Gobierno se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump que ha incluido presiones sobre otras universidades como Columbia, Princeton y Northwestern, todas enfrentando auditorías, recortes presupuestarios o amenazas regulatorias.
El litigio podría escalar hasta la Corte Suprema y sentar precedentes sobre los límites del control federal sobre las instituciones educativas, la gestión de fondos públicos y la libertad académica.
La carta firmada por los rectores concluye con un llamado a un diálogo constructivo: “El precio de restringir las libertades que definen la educación superior en Estados Unidos será pagado por nuestros estudiantes y nuestra sociedad”.
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