Jimmy Pepinosa
EditorEl gobierno de Colombia dio un paso hacia la regulación del uso de tecnologías emergentes con la radicación de un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en el país.
Esta iniciativa, que recoge y unifica propuestas previas y adopta referentes internacionales, introduce por primera vez en la legislación colombiana disposiciones concretas sobre las responsabilidades penales y civiles por el uso indebido de sistemas de IA.
El proyecto, que fue presentado ante el Congreso por el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, y la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, contiene 34 artículos, distribuidos en 10 capítulos.
Además, parte del principio de que esta tecnología debe estar al servicio del ser humano, y para ello se requiere un marco regulatorio que combine innovación con garantías de derechos.
Un marco legal para riesgos, derechos y responsabilidades
(MinTIC)
El proyecto propone una clasificación de sistemas de inteligencia artificial basada en niveles de riesgo: prohibidos, altos, limitados y bajos, en línea con modelos regulatorios como el de la Unión Europea.
A partir de esta categorización se definen obligaciones y controles diferenciados, así como sanciones en casos de usos indebidos.
De hecho, uno de los aspectos centrales de la ley es que contempla sanciones penales y civiles para los responsables de sistemas que ocasionen daños por decisiones algorítmicas sesgadas, vulneraciones a la privacidad o afectaciones a derechos fundamentales.
Estas sanciones no solo aplican a desarrolladores o implementadores de sistemas, sino también a quienes los usen de forma negligente o malintencionada.
Además, se prevé que las personas afectadas por decisiones automatizadas puedan acceder a mecanismos de reparación y a explicaciones claras del funcionamiento de los sistemas implicados.
IA con enfoque en DD. HH. y control público
(Pexels)
El proyecto establece que la IA debe desarrollarse de forma ética, sostenible y centrada en la dignidad humana.
“La inteligencia artificial no es solo importante para el desarrollo económico y social, debe tener unos parámetros para la dignidad humana. Debe estar al servicio de la humanidad y ahí es donde se concentran todos los dispositivos de este proyecto de ley” - Ministro TIC, Julián Molina.
Para ello se promoverá la creación de mecanismos de gobernanza, supervisión pública y evaluación del impacto de los sistemas inteligentes, especialmente en sectores como salud, educación, seguridad, justicia, agricultura y turismo.
La iniciativa también incluye medidas para evitar sesgos algorítmicos y fomentar la equidad, con reglas claras sobre tratamiento de datos y transparencia algorítmica.
Asimismo, se prioriza la protección de la privacidad y la no discriminación, tanto en la programación de algoritmos como en su uso en entornos públicos y privados.
Capacitación y fortalecimiento institucional
(Pexels)
Como complemento a las obligaciones legales, el proyecto prevé programas de formación y apropiación social del conocimiento, con el fin de preparar a la ciudadanía, el sector privado y la administración pública para el uso responsable de la IA.
También se incluyen medidas para mitigar los efectos de la automatización sobre el empleo, a través de programas de reconversión laboral y promoción de nuevas habilidades digitales.
En el sector público, se busca impulsar el uso de IA para aumentar la eficiencia administrativa, mejorar la gestión documental, reducir errores procesales y facilitar el acceso a servicios.
Colombia ante el reto global de regular la IA
(Minciencias)
El proyecto de ley toma como referencia estándares de organismos multilaterales como la OCDE, Unesco y la Unión Europea, así como marcos nacionales de países como Brasil, Argentina, Chile y el Reino Unido.
La meta, según el gobierno, es que Colombia logre un aprovechamiento estratégico de la IA y se consolide como líder regional en el desarrollo ético y responsable de esta tecnología.
Esta iniciativa legislativa se presenta como parte de una política pública más amplia, que incluye inversiones en infraestructura, conectividad y formación de talento, en línea con las recomendaciones del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), donde Colombia ya se ubica entre los países mejor posicionados en la región.
La discusión del proyecto en el Congreso se anticipa como uno de los hitos clave en la construcción de un marco legal que equilibre el fomento a la innovación con garantías para los derechos ciudadanos.
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