Jimmy Pepinosa
EditorEl Departamento de Gobierno para la Eficiencia, DOGE por sus siglas en inglés, una unidad creada bajo la administración Trump y liderada por Elon Musk, está desarrollando una base de datos centralizada que integra información de múltiples agencias federales.
Según revelaron dos fuentes directas a Wired, esta herramienta se construye en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y promete cambiar radicalmente el modo en que el gobierno estadounidense monitorea, localiza y potencialmente actúa sobre inmigrantes, incluyendo personas indocumentadas, trabajadores extranjeros certificados e incluso ciudadanos naturalizados.
Antonio Gracias, ex Tesla y actual responsable de la “fuerza de tarea de inmigración” de DOGE, defendió públicamente el uso de estos datos para detectar supuestos casos de inmigrantes indocumentados votando ilegalmente.
Y aunque no existen evidencias significativas de fraude electoral de este tipo, los datos están siendo utilizados para sustentar narrativas políticas que podrían derivar en medidas punitivas amplias.
¿Qué está construyendo DOGE?
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Desde mediados de marzo, DOGE ha comenzado a consolidar datos de distintas dependencias del DHS como ICE, USCIS y HSI, en un repositorio central conocido como data lake.
A este sistema ya existente, se le han agregado volúmenes masivos de información procedente de otras agencias como la Administración del Seguro Social (SSA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y registros electorales de estados como Pensilvania y Florida.
Este esfuerzo técnico implica la interconexión de bases de datos históricamente aisladas, lo que plantea riesgos de privacidad sin precedentes.
Especialistas en derechos civiles y tecnología han alertado que la centralización de información biométrica y demográfica sensible podría facilitar el uso indebido de datos con fines de vigilancia y represión, no solo contra inmigrantes, sino contra ciudadanos estadounidenses.
Qué datos contiene y cómo se usan
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La base de datos incluye información recolectada a través del portal myUSCIS, como solicitudes de beneficios migratorios, historiales de comunicación entre migrantes y autoridades, direcciones IP y evidencia personal de casos.
Además, se han vinculado registros biométricos del sistema Customer Profile Management System con datos electorales, lo que permitiría cruzar identidades con patrones de comportamiento digital y ubicación geográfica.
A esto se suma la incorporación de archivos del sistema Numident del SSA, que contiene detalles como número de seguro social, nombre completo, fecha de nacimiento, ciudadanía, raza, sexo, nombres de los padres y número de extranjero asignado.
La magnitud del proyecto también involucra el desarrollo de una “mega API” que permitiría a usuarios privilegiados consultar información de múltiples agencias en tiempo real. Esta infraestructura estaría basada en Foundry, la plataforma de análisis de datos de Palantir, empresa tecnológica ligada a Peter Thiel, aliado de Musk.
Un cambio en las reglas del juego
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Históricamente, el acceso a estas bases de datos se encontraba limitado a usos específicos y requería procesos legales definidos, como órdenes judiciales.
El nuevo enfoque impulsado por DOGE modificó estas normas: el 20 de marzo, una orden ejecutiva firmada por Trump instruyó a todas las agencias federales a facilitar la integración y compartición de datos no clasificados, reduciendo las barreras burocráticas para el cruce de información.
En paralelo, se ha debilitado la supervisión. El DHS anunció recortes a oficinas clave como la de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), que investigaba posibles abusos en el manejo de datos sensibles.
Implicaciones para los derechos civiles
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Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Center for Democracy and Technology han expresado su preocupación por las consecuencias a largo plazo de esta infraestructura de vigilancia.
La posibilidad de errores en el cruce de datos puede derivar en detenciones o deportaciones indebidas. Casos como el de Kilmar Abrego García, deportado por error administrativo, subrayan los peligros de automatizar decisiones basadas en información centralizada.
Además, expertos advierten que este sistema podría establecer las bases para un “expediente central” del gobierno federal sobre cada individuo, cruzando variables personales, económicas, biométricas y de comportamiento sin un marco de transparencia claro.
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