Jimmy Pepinosa
EditorRecientemente en Colombia se dio un paso decisivo en la protección de la identidad digital con la aprobación de la Ley 2502, la cual modificó el artículo 296 del Código Penal para tipificar como agravante la falsedad personal mediante el uso de inteligencia artificial.
En otras palabras, desde ahora la suplantación digital con herramientas como los deepfakes será castigada con multas más severas y sanciones adicionales.
La norma entrará en vigor en julio de 2026, pero su aprobación ya marca un precedente, pues Colombia se suma a la lista de países que están incorporando la dimensión tecnológica en sus marcos legales para frenar fraudes, engaños y delitos cometidos en entornos digitales.
Deepfakes: la cara más peligrosa de la manipulación digital
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El término deepfake describe técnicas basadas en IA capaces de generar o alterar imágenes, videos o audios para imitar de forma convincente a una persona real.
Estas herramientas, inicialmente desarrolladas con fines creativos y de entretenimiento, han sido aprovechadas por ciberdelincuentes para suplantar identidades, fabricar pruebas falsas, difundir desinformación o cometer fraudes financieros y extorsiones.
Con la nueva legislación, quien suplante a otra persona utilizando inteligencia artificial podrá recibir una multa aumentada hasta en un 33 por ciento adicional sobre la pena prevista para la falsedad personal.
Además, la ley introduce conceptos clave como identidad digital, imagen, individualidad y deepfake, con el fin de dar un marco jurídico claro frente a este tipo de conductas.
Colombia se conecta a una tendencia global
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El país no está solo en este esfuerzo. En el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó recientemente la tipificación de los deepfakes sexuales sin consentimiento como delito dentro del Crime and Policing Bill.
Allí, las sanciones incluyen hasta dos años de prisión y multas a plataformas digitales que permitan la difusión de este contenido. El incremento de más del 400 por ciento en abusos con deepfakes desde 2017 encendió las alarmas y llevó a endurecer la regulación.
Colombia sigue una línea similar: blindar a los ciudadanos frente a un fenómeno en rápida expansión que amenaza tanto la vida privada como la confianza en los entornos digitales.
Una ley con vocación preventiva y tecnológica
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Para Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, empresa especializada en inteligencia artificial y seguridad digital, la aprobación de esta ley es “un avance crucial para proteger la integridad y dignidad de las personas en entornos digitales”.
Según explica, la regulación no solo busca sancionar, sino también crear condiciones para la prevención, detección y denuncia de deepfakes, fomentando la confianza en el uso de la tecnología.
La ley además ordena al Gobierno Nacional, en conjunto con instituciones como la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio TIC, diseñar una Política Pública sobre el uso de la inteligencia artificial en delitos de suplantación. Esta estrategia deberá incluir principios de ética digital, colaboración interinstitucional, educación ciudadana, desarrollo tecnológico confiable y cooperación internacional.
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