Jimmy Pepinosa
EditorLa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ratificar la ley texana HB 1181, que obliga a los sitios web con contenido pornográfico a verificar la edad de sus usuarios, ha desencadenado un debate sobre el futuro del acceso a contenido sexualmente explícito en internet y ha fortalecido las ambiciones de sectores conservadores que buscan prohibir la pornografía a escala nacional.
El fallo, decidido por una mayoría de 6-3, valida la autoridad de Texas para exigir que plataformas como Pornhub confirmen que los visitantes tienen más de 18 años.
En este caso, se trata de una ley que se aplica a cualquier sitio web donde al menos un tercio del contenido se considere perjudicial para menores, y obliga a los usuarios a identificarse mediante documentos gubernamentales, datos bancarios u otros métodos “comercialmente razonables”.
El Tribunal consideró que se trata de una facultad tradicional de los estados para proteger a los menores, aunque reconoció un efecto incidental sobre los derechos de los adultos a acceder a ese tipo de materiales.
La decisión no es aislada. Desde 2023, más de una docena de estados han aprobado leyes similares, impulsadas por el argumento de proteger a los menores en entornos digitales.
Distintos sectores han cuestionado la decisión
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Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Free Speech Coalition, que representa a la industria del entretenimiento para adultos, han advertido que la exigencia de identificarse online para acceder a contenido legal sienta un precedente que podría erosionar derechos fundamentales de privacidad y libertad de expresión.
Según sus críticos, la normativa tiene un efecto disuasorio sobre los adultos que deseen acceder a materiales protegidos por la Primera Enmienda y no garantiza, en la práctica, que los menores se mantengan alejados de sitios pornográficos, especialmente en un contexto donde el uso de redes privadas virtuales (VPN) y plataformas no reguladas es común.
Aunque este tipo de leyes se justifican bajo el interés estatal de proteger a menores de contenidos sexualmente explícitos, la Corte Suprema había, en precedentes como el caso Reno v. ACLU de 1997, invalidado iniciativas federales que imponían restricciones de acceso basadas en la edad, precisamente por su impacto sobre el acceso de los adultos a material protegido.
En esta ocasión, la mayoría del tribunal adoptó un estándar menos riguroso, intermediate scrutiny, en lugar del estricto escrutinio que se suele aplicar a restricciones sobre derechos fundamentales. Los jueces liberales, en su disenso, cuestionaron si Texas podría haber alcanzado el mismo objetivo con medidas menos intrusivas para los derechos de los adultos.
¿Un espaldarazo a Project 2025?
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La ratificación de la ley texana ocurre en un momento político marcado por agendas conservadoras más amplias, entre ellas la delineada por Project 2025, una iniciativa respaldada por sectores de la derecha estadounidense.
Se trata de un documento, de más de 900 páginas, no solo postula la prohibición total de la pornografía, sino también la criminalización de quienes la produzcan, distribuyan o incluso la faciliten tecnológicamente.
Project 2025 plantea que la pornografía no merece protección bajo la Primera Enmienda, la equipara con adicciones o delitos y la vincula discursivamente a temas como la “ideología transgénero” y la “sexualización de menores”, extendiendo así su alcance más allá del contenido estrictamente sexual y hacia el debate sobre derechos de la comunidad LGBTQ+.
Y aunque Donald Trump ha mantenido cierta distancia pública respecto de Project 2025, su historial revela afinidad con propuestas para restringir la pornografía.
Posibles consecuencias
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La consolidación de leyes como HB 1181 ofrece a corrientes conservadoras un marco legal sobre el cual podrían apoyarse para avanzar hacia prohibiciones más amplias.
De hecho, el fallo de la Corte legitima la posibilidad de que otros estados impongan requisitos similares, lo que podría desplazar aún más el debate político hacia posturas que, hasta hace poco, parecían poco viables a escala federal.
Grupos como la Free Speech Coalition advierten que la pornografía actúa como un barómetro de la libertad de expresión: las restricciones que comienzan en este ámbito podrían, según temen, extenderse a otras áreas del discurso protegido.
Mientras tanto, algunos sitios web, como Pornhub, han suspendido sus servicios en Texas, alegando su incapacidad para cumplir con la ley debido a que proporcionar una identificación cada vez que se visita una plataforma para adultos no es una solución eficaz para proteger a los usuarios en línea.
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