Jimmy Pepinosa
EditorUna técnica sin fuego, con alto contenido químico y promesas de sostenibilidad. Así se presenta la hidrólisis alcalina, un método alternativo de disposición final de cadáveres que el Senado estudia legalizar como sustituto de la cremación tradicional en Colombia.
No obstante, la posible implementación de este sistema en los servicios funerarios del país, también ha abierto una fuerte discusión sobre sus implicaciones forenses, ambientales y éticas.
De hecho, sectores religiosos y sociales han cuestionado la forma en la que se trata el cuerpo humano después de la muerte, debido a que aceptar que un cuerpo pueda ser disuelto en un líquido alcalino aún genera resistencias culturales difíciles de superar.
Lo que debes saber de la hidrólisis alcalina
(Funeraria Natural)
Para entender la polémica, debes sabe que la también conocida como “cremación sin fuego” o “cremación química”, es un proceso en el que el cuerpo se sumerge en un contenedor de acero presurizado con una solución compuesta por un 95 por ciento de agua y un 5 por ciento de hidróxido potásico.
A temperaturas entre 150 y 170 °C y bajo presión controlada, la mezcla alcanza un pH de 14, lo que permite disolver los tejidos blandos en cuestión de horas, dejando como resultado únicamente los huesos, que son secados, triturados y entregados a los familiares en forma de cenizas.
Este procedimiento no es nuevo. Durante décadas, ha sido utilizado en facultades de medicina para acelerar el proceso de descomposición de cuerpos con fines académicos.
Y en los últimos años, varias compañías en distintos países lo han adaptado como un servicio funerario bajo el argumento de ser más ecológico que la incineración con combustión.
Según sus promotores, la hidrólisis alcalina utiliza hasta ocho veces menos energía y reduce en más de un 75 por ciento la huella de carbono. Además, evita la emisión de gases tóxicos derivados de la quema de ataúdes o restos contaminados, ya que los residuos generados (aminoácidos, azúcares, sales y proteínas) pueden tratarse y disponerse como fertilizante o residuo no peligroso.
La técnica ha encendido una fuerte discusión
(Pexels)
El proyecto de ley que propone su adopción en Colombia ya ha superado varios debates en el Congreso y se encuentra próximo a su cuarta discusión en el Senado. De ser aprobado, modificaría sustancialmente la forma en que se manejan los cuerpos sin vida en el país, permitiendo a las funerarias ofrecer la hidrólisis como una alternativa legal y regulada.
No obstante, esta posibilidad ha generado profundas tensiones. Las objeciones no se centran solo en la química del procedimiento sino en sus posibles consecuencias sociales, ambientales y penales.
Una de las preocupaciones más relevantes proviene de la medicina forense: la técnica destruye completamente el ADN.
Carlos Eduardo Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, señaló que este detalle podría comprometer la identificación de víctimas en un país como Colombia, donde la desaparición forzada sigue siendo una problemática extendida.
La cremación convencional, a pesar de su severidad, puede permitir la recuperación parcial del material genético. Con la hidrólisis, esa posibilidad desaparece.
Mientras que voces como la del concejal Daniel Briceño han advertido sobre el riesgo de que esta técnica facilite prácticas ilegales. La posibilidad de desaparecer cuerpos sin dejar rastros genéticos despierta temores legítimos en un país donde el ocultamiento de víctimas ha sido parte del conflicto armado y la criminalidad organizada.
También hay riesgos
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La representante Alexandra Vásquez, con formación en química, también expresó su preocupación por los residuos resultantes del proceso, que, si no son manejados correctamente, podrían afectar las fuentes hídricas.
Estudios de impacto realizados por alcaldías como la de Medellín y Bogotá han advertido que este tipo de tratamientos ya han generado problemas ambientales en el pasado, incluso cuando se usaron con animales. Cargas orgánicas elevadas, pH extremos y malos olores han sido reportados en vertimientos mal regulados, lo que alimenta la desconfianza frente a su masificación.
A esto se suma la sospecha de presiones políticas y económicas alrededor del proyecto. El Ministerio de Salud, que inicialmente había desaconsejado la técnica por falta de regulación sanitaria adecuada, cambió su posición tras una reunión con congresistas promotores del proyecto.
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