Jimmy Pepinosa
EditorEl reciente viaje a Pekín de la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis, como parte de una comitiva oficial del Gobierno de Gustavo Petro, desató un amplio debate público y político por el uso de recursos públicos para la participación de creadores digitales en escenarios diplomáticos y misiones oficiales del Estado.
Pero el foco de la controversia no recae únicamente por su presencia en el viaje, sino por el hecho de que la Cancillería haya optado por llevar a una influenciadora, pese a que cuenta con un equipo de planta conformado por profesionales en comunicación y con carrera diplomática.
Al menos así se lo explicó a Xataka Colombia el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien advirtió que “es llamativo que se escoja a una contratista y no a una de las personas encargadas de las comunicaciones”, cuando “el objeto contractual de Lalis no contempla funciones de vocería o comunicación institucional en el marco de misiones diplomáticas”
Según Briceño, el viaje no solo fue innecesario, sino que también representó un nuevo caso de "desprestigio institucional".
Para el concejal, la polémica es grave por tres aspectos clave: el perfil profesional de la influenciadora, la naturaleza de su contratación, y el uso de recursos públicos en actividades diplomáticas tradicionalmente reservadas a funcionarios de carrera.
La controversia sobre el perfil académico
(@smilelalis)
Luego de que Laura Sarabia defendiera la participación de Lalis señalando su formación académica, el concejal cuestionó públicamente que Beltrán fuera presentada como “magíster”, afirmando que no existe evidencia documental que respalde ese título.
“La señora Laura Daniela Beltrán Palomares no es magíster, como dice la canciller. Eso es absolutamente falso. Lo demostramos con la publicación de su hoja de vida”, aseguró el concejal.
Para Briceño esta afirmación pone en duda la transparencia en la presentación de credenciales y debilita la justificación institucional de su inclusión en el viaje oficial.
Contratista, no funcionaria
(@smilelalis)
El segundo punto crítico del debate es que Beltrán no es funcionaria de planta de la Cancillería, sino que actualmente es contratista del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde presta servicios de estrategia digital y redes sociales.
Y según el concejal Briceño, ese detalle marca una diferencia sustancial en la discusión.
“No estamos hablando de una funcionaria, sino de una contratista. Es muy raro que, aunque se pueda porque el contrato lo permite, la cancillería decida asumir estos gastos para una persona que no hace parte de la nómina”, subrayó.
Según Briceño, los colombianos pagaron al menos 10.245.000 pesos por concepto de alojamiento y alimentación para que Lalis viajara a China. Asegurando que se trató de un “malgasto de recursos públicos en influenciadores que lo único que hacen es atacar a la oposición, a la prensa y defender al Gobierno”.
En ese sentido, el concejal Briceño subrayó que la entidad cuenta con una nómina estable de asesores en comunicación, lo que vuelve aún más cuestionable la decisión de llevar a una contratista como parte del equipo que acompañó a la canciller Sarabia a China, sobre profesionales de carrera con experiencia en comunicación institucional o diplomacia.
Influenciadores: ¿instrumentos de propaganda?
(Presidencia de Colombia)
La tercera arista del debate tiene que ver con el rol que cumplen ciertos influenciadores vinculados al Gobierno. Aunque su uso no es nuevo, lo que genera inquietud, según Briceño, es el carácter partidista que han adquirido muchos de estos perfiles contratados con fondos públicos.
“La polémica no está en sí se deben o no usar influenciadores. Está en la forma en que se hace. Se les paga con recursos públicos y se dedican a atacar a la oposición y al periodismo”, advirtió el concejal, señalando que este tipo de contrataciones podrían estar eludiendo requisitos mínimos que sí se exigen a otros profesionales del sector público.
“Hay cargos que requieren un alto rigor académico y experiencia técnica. No se puede reemplazar eso con una cuenta de seguidores. La Cancillería es una de las entidades que más debería blindarse frente a estas prácticas”, argumentó.
Un debate político, ético y técnico
(Presidencia de Colombia)
Briceño concluyó que más allá de las posibles implicaciones legales, como el eventual incumplimiento de funciones en los informes de contrato, el caso de Lalis abre un debate sobre la ética y la profesionalización en la gestión pública, especialmente en entidades que exigen altos estándares diplomáticos y técnicos.
“La Cancillería tiene una deuda pendiente con el país. Es una entidad que requiere personas altamente calificadas. Hoy se están reemplazando diplomáticos por influenciadores que no cumplen los requisitos”, afirmó.
El caso también ha vuelto a poner en la mira otras decisiones similares, como el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador en México, otro influenciador petrista, que según Briceño, no cuenta con la formación académica tradicionalmente exigida para ese cargo.
Y aunque Briceño reconoció que los influenciadores pueden tener un rol útil en la comunicación estatal, por ejemplo, para explicar servicios sociales o procesos gubernamentales de forma más cercana y accesible.
También alertó que ese uso debe estar sujeto a reglas claras: transparencia en los contratos, delimitación de funciones, y cumplimiento de requisitos técnicos, porque cuando no se respetan estos criterios, se corre el riesgo de desvirtuar entidades con alta exigencia profesional, como la Cancillería.
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