Jimmy Pepinosa
EditorUn video viralizado en redes sociales volvió a abrir el debate sobre los límites de la libertad de expresión frente a funcionarios públicos en Colombia. El caso ocurrió en Cali, durante un procedimiento de tránsito en el sector del Parque del Perro, cuando el agente José Félix Angulo fue agredido verbalmente con insultos de carácter racista por parte de un ciudadano.
En este caso, la reacción de las autoridades fue inmediata y hace solo unas horas el alcalde Alejandro Éder anunció que ya se había expedido una orden de captura contra el presunto agresor, a quien se le imputarán los delitos de violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación.
El hecho se registró cuando Angulo, agente de tránsito y líder de la comunidad afro, realizaba labores de control. El ciudadano implicado, un trabajador de un restaurante, lo confrontó utilizando expresiones como: “sos un negro, basura”, “si fueras inteligente no serías guarda”, y “te maneja un blanco”.
El altercado quedó grabado en video y su circulación en redes sociales generó una respuesta institucional que incluyó no solo la judicialización del agresor, sino también el cierre del local donde trabajaba, debido a que operaba sin los permisos requeridos.
Qué dice la ley: ¿es delito insultar a un servidor público?
(Alcaldía de Santiago de Cali)
La agresión verbal a un servidor público en Colombia puede constituir un delito, dependiendo de la naturaleza de los insultos, su contexto y su intención. De hecho, existen varias figuras penales relevantes en este tipo de situaciones.
La primera es la injuria, contemplada en el artículo 220 del Código Penal, la cual se configura cuando una persona realiza imputaciones deshonrosas que afectan el honor o la dignidad de otro individuo.
Si el insulto tiene el potencial de dañar la reputación del funcionario y no se da en un contexto de legítima crítica o discusión, puede considerarse injuria con una sanción de prisión de 16 a 54 meses y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Aunque en este caso el requisito legal es la querella, es decir, debe ser denunciado por la persona afectada dentro de los seis meses siguientes a los hechos.
La segunda forma es la violencia contra servidor público establecida en el artículo 429 del Código Penal, que considera que cuando se utiliza violencia física o moral, como amenazas, coacciones o presión verbal, para obligarlo a actuar u omitir funciones propias de su cargo.
La sanción contempla prisión de 4 a 8 años y cuenta con un agravante cuando se combina con actos discriminatorios, el delito puede ser considerado agravado, como ocurrió en este caso según el pronunciamiento oficial.
Por último, se encuentran los Actos de discriminación establecidos en la ley 1482 de 2011, que penaliza expresamente los actos de discriminación por razones de raza, nacionalidad, género, religión, orientación sexual u otras condiciones personales o sociales.
Además, insultos que incluyan lenguaje racial pueden ser judicializados bajo esta figura con una sanción de prisión de 12 a 36 meses y multa hasta de 15 SMLMV, con posibilidad de aumentarse si hay violencia de por medio.
¿Todo insulto es delito?
(Alcaldía de Santiago de Cali)
No. La jurisprudencia ha establecido que no todo insulto constituye un delito penal. Para que sea considerado injuria, debe afectar de forma real y significativa el buen nombre o la dignidad de la persona.
Expresiones proferidas en medio de discusiones o sin intención lesiva concreta pueden quedar exentas de sanción.
Además, si los hechos ocurren en espacios privados o sin difusión, su impacto legal podría ser menor. Sin embargo, si la agresión se realiza en público o se difunde por medios masivos (como redes sociales), las penas pueden aumentar, al considerar el alcance del daño.
En este caso, el video difundido fue determinante para que las autoridades priorizaran la investigación. La actuación del agente Angulo, quien se mantuvo sereno y no respondió a las agresiones, también permitió que el caso fuera valorado desde una perspectiva legal sin ambigüedad.
La respuesta de la Alcaldía de Cali incluyó no solo el anuncio de la captura, sino un pronunciamiento público enfático sobre la defensa de sus servidores.
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